El Contralor General, Nelson Shack, anunció la iniciativa de la Contraloría General para presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República, con el objetivo de sancionar a contratistas, supervisores y proyectistas involucrados en presuntos actos de corrupción que resulten en la paralización o interrupción de obras públicas.
Según el último informe de la Contraloría sobre obras públicas paralizadas hasta el 31 de diciembre de 2023, la región de Áncash cuenta con 144 obras paralizadas, con una inversión total de S/ 1,273,220,491. A nivel nacional, existen 2,298 obras paralizadas, con un costo actualizado de S/ 26,992 millones y un saldo de inversión de S/ 13,772 millones.
Shack subrayó que, en caso de aprobarse la ley propuesta, se podrán sancionar a residentes y supervisores de obra implicados en presuntos actos de corrupción, ya que "no hay corrupto público sin corruptor privado". Estas medidas buscan poner fin a la impunidad de empresas que, pese a paralizar obras, continúan participando en licitaciones sin repercusiones.
En la región de Áncash, las obras paralizadas se distribuyen entre diferentes entidades, destacando el Gobierno Regional de Áncash, la Municipalidad Distrital de San Marcos, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y el Programa Subsectorial de Irrigación - PSI.
Las causas principales de la paralización incluyen incumplimiento de contrato, discrepancias, deficiencias en el expediente técnico, conflictos sociales, controversias y arbitraje, así como la falta de recursos financieros y liquidez. La propuesta de ley busca fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la ejecución transparente y eficiente de obras públicas en el país.
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