Unasam malgasta dinero en incentivos económicos para docentes y administrativos

Generó un perjuicio económico de más de 600 mil soles 

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 615,379 en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) de Huaraz, como resultado de pagos irregulares de incentivos económicos a personal docente y administrativo que desempeñó cargos directivos durante el año 2021. Este actuar contravino el régimen laboral docente, que no contempla compensaciones por responsabilidades directivas.

El informe de Servicio de Control Específico N° 041-2023-2-0213-SCE detalló que el Consejo Universitario aprobó de manera irregular un reglamento interno en febrero de 2021, el cual autorizaba el reconocimiento de retribuciones económicas por responsabilidad directiva, cumplimiento de metas académicas, participación y otros pagos para el año fiscal 2021. Esta aprobación no consideró la Ley de Presupuesto del Sector Público para dicho año, la cual prohibía específicamente la aprobación de este tipo de retribuciones.

El informe reveló que, a pesar de la prohibición, se otorgaron incentivos económicos a once servidores bajo el Decreto Legislativo N° 276 por asumir cargos directivos, a pesar de que ya recibían compensaciones por estas responsabilidades. En total, 131 beneficiarios, incluyendo decanos, directores de escuela, directores de departamento y secretarios del Consejo de Facultad, así como personal administrativo, fueron afectados por este irregular proceder.

Dieciséis funcionarios y/o servidores públicos, entre ellos el titular de la entidad, podrían enfrentar responsabilidades penales y administrativas, según el informe. La Contraloría ha notificado el caso al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, al Órgano Instructor de la Contraloría General y a la autoridad competente de la entidad para iniciar las acciones legales correspondientes. La autonomía universitaria, aunque reconocida por la Constitución, no exime a las instituciones de cumplir con el ordenamiento jurídico nacional, como la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que establece procedimientos para la aprobación de beneficios económicos.