La Contraloría General de la República ha revelado un perjuicio económico significativo de S/ 5,989,840 en la Municipalidad Provincial de Huaylas, a causa de irregularidades detectadas en la ejecución del saldo de obra de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del casco urbano de Caraz.
Las irregularidades continuaron con la firma de un contrato en enero de 2021, a pesar de la denuncia de falsificación de firma por parte de la socia mayoritaria del consorcio ganador. La municipalidad no tramitó la nulidad del contrato, alegando el principio de presunción de veracidad.
En agosto de 2021, el consorcio presentó una carta fianza falsa para solicitar el pago por adelanto de materiales, y aunque la entidad bancaria informó sobre la falsedad, no se rescindió el contrato. La obra se paralizó y no fue hasta marzo de 2022 que se resolvió el contrato por incumplimiento.
La entidad municipal firmó un acta de conciliación desventajosa, permitiendo que la Municipalidad Provincial de Huaylas asumiera deudas indebidas. Se reconocieron partidas no entregadas y se aprobaron pagos por partidas no contempladas en el expediente técnico. Además, la municipalidad no preservó adecuadamente materiales y estructuras, resultando en daños y deterioro prematuro.
La obra, iniciada en enero de 2021, permanece inconclusa y abandonada, con tres suspensiones de plazo y 12 valorizaciones pagadas al contratista, equivalente al 10.46% del monto contractual de S/ 52,480,589. La comisión de control también identificó el deterioro de estructuras expuestas a la intemperie.
Veintiún funcionarios y servidores públicos podrían enfrentar responsabilidades penales y administrativas, según el informe. La Contraloría ha derivado el caso a la Procuraduría Pública-Anticorrupción Descentralizada de Áncash y al titular de la entidad municipal para las acciones correspondientes.
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