El Ministerio Público ha presentado una acusación penal contra el expresidente Pedro Castillo por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La fiscalía busca una condena de 34 años de prisión para Castillo, acusándolo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
En la misma acusación, se incluyen peticiones de 25 años de prisión para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, actualmente bajo prisión preventiva; así como para los exministros del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien actualmente es congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
Además, Aníbal Torres, en ese momento asesor de la PCM y ex primer ministro, enfrenta una solicitud de 15 años de prisión. Todos son acusados de rebelión.
Según la fiscalía, estos exfuncionarios habrían formado parte de un plan para cerrar ilegalmente el Congreso e intervenir las instituciones judiciales para instaurar un gobierno de excepción. Se alega que hicieron un llamado a la Policía y las Fuerzas Armadas, aprovechando que el presidente era su jefe supremo. Sin embargo, el intento de golpe no tuvo éxito, resultando en la destitución y detención de Pedro Castillo en cuestión de horas.
La acusación también abarca a tres policías que supuestamente habrían seguido órdenes para llevar a cabo el golpe de Estado, solicitando para ellos una pena de 25 años de prisión cada uno. El proceso ahora espera ser llevado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema para su evaluación y decisión.
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