En una decisión relevante, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha trasladado al Consejo Regional de Áncash la solicitud de vacancia presentada contra la consejera regional Rocío del Pilar Cochachín Arias. La medida tiene como objetivo que el Consejo evalúe con prontitud los hechos relacionados con la situación legal de la consejera.
La resolución, fechada el 20 de noviembre bajo el auto n.° 1, firmada por los magistrados del JNE, requiere al consejero delegado y a los miembros del Consejo Regional de Áncash que procedan según lo establecido. De no cumplir con este requerimiento, se advierte que podrían remitirse copias de los documentos al Ministerio Público para iniciar procesos de investigación, lo que podría resultar en la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
La solicitud de vacancia fue presentada por Juan Carlos Saavedra Benites, ciudadano que argumenta una condena consentida por delito doloso con pena privativa de la libertad contra la consejera representante de la provincia de Corongo. Este hecho constituye una causal prevista en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR), según el numeral 3 del artículo 30.
El solicitante respalda su petición con una copia de la sentencia emitida el 4 de mayo por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Áncash. La sentencia, resultado de la conclusión anticipada de juicio, condenó a la consejera Cochachín Arias como autora del delito de daño simple, imponiéndole una pena suspendida de 1 año, 8 meses y 21 días.
El abogado Pablo Rioja Cueva, especialista en derecho constitucional y administrativo, sostiene que la sentencia es inapelable y, de acuerdo con la LOGR, debería llevar a la vacancia de la consejera. Aunque la pena es suspendida, se destaca que el requisito de ser condenada por delito doloso se cumple, siendo este el factor determinante para la posible vacancia, independientemente de la naturaleza de la pena.
Este caso destaca la importancia de la integridad y conducta ética de los representantes regionales, subrayando la responsabilidad del sistema electoral en asegurar la idoneidad de quienes ejercen funciones públicas.
Fuente: RSD Chimbote
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