En una decisión que ha generado controversia a nivel nacional e internacional, el presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Francisco Morales, anunció el miércoles que las autoridades peruanas deben liberar al expresidente Alberto Fujimori. Fujimori, condenado a 25 años por violaciones a los derechos humanos, fue beneficiario de un indulto en 2017, anulado en 2019 y restituido en marzo de 2022 por el TC.
La declaración de Morales desafía la petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022 de no liberar a Fujimori hasta revisar un recurso presentado por familiares de las víctimas de su mandato.
Morales subrayó la importancia de acatar las decisiones del Tribunal Constitucional y destacó que la sentencia del año pasado que ordenó la liberación inmediata de Fujimori ha sido "despejada". Afirmó que, a pesar de la orden de la CIDH, la decisión del TC tiene prevalencia en este caso.
El abogado defensor de Fujimori, Elio Riera, enfatizó que el TC ratificó su sentencia y que ahora la liberación debe ser determinada por el juzgado de origen, específicamente el juez de Ica.
Este caso ha sido el foco de atención internacional, generando preocupaciones sobre la independencia judicial y la protección de los derechos humanos en Perú. La liberación de Fujimori, con problemas de salud, ha dividido a la sociedad peruana entre aquellos que piden justicia para las víctimas y quienes consideran este acto como un gesto humanitario.
Alberto Fujimori, de 70 años, fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas durante su mandato. El expresidente, que gobernó de 1990 a 2000, fue hallado culpable de ordenar masacres y secuestros perpetrados por escuadrones paramilitares vinculados a su Gobierno.
A pesar de los éxitos económicos y de seguridad durante su mandato, la figura de Fujimori ha sido polémica, y su liberación ahora plantea preguntas sobre el sistema judicial peruano y su capacidad para abordar asuntos internos de manera justa y transparente.
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