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San Martín: Justicia para Quinto Inuma, dictan prisión preventiva a responsables de su asesinato.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra criminalidad organizada ordena 18 meses de cárcel para los sospechosos del crimen del líder indígena Kichwa.

Tras casi tres meses del terrible suceso y más de veinte días de la captura de los presuntos responsables, la justicia actúa en el caso del líder indígena Quinto Inuma Alvarado, asesinado en noviembre del año pasado en San Martín.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra criminalidad organizada ha dictado prisión preventiva por 18 meses para Genix Saboya Saboya, Gerly Saboya Saboya y Límber Ríos, implicados en el asesinato del líder indígena Quinto Inuma Alvarado. Este fallo llega tras casi tres meses del trágico suceso y más de veinte días de la captura de los sospechosos.

Inuma Alvarado, presidente de la comunidad Kichwa Santa Rosillo de Yanayaku en San Martín, había sido objeto de amenazas por parte de narcotraficantes y mafias de tala ilegal que operaban en su territorio. El fatídico día de su muerte, recibió tres impactos de bala frente a su familia, regresando a casa después de participar en una conferencia ambiental.

El caso ha revelado detalles preocupantes. Según información de medios locales, Genix Saboya, uno de los sicarios implicados en el asesinato, señaló a Segundo Villalobos Guevara como el responsable de contratarlo para cometer el crimen. Villalobos había sido denunciado previamente por Inuma por su participación en actividades de tala ilegal.

A pesar de las constantes amenazas recibidas, Quinto Inuma fue incluido en el Protocolo para defensores de Derechos Humanos, un mecanismo estatal destinado a proteger a aquellos que enfrentan peligros en sus comunidades. Sin embargo, lamentablemente, esta medida no resultó efectiva.

El lamentable fallecimiento de Quinto Inuma se suma a una triste estadística. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su muerte eleva a 15 el número de defensores asesinados desde el año 2020, de los cuales 11 eran líderes indígenas en distintas comunidades.

Además, la presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra (GTANCH), Olivia Bisa, también ha denunciado amenazas de muerte. Bisa ha sido una voz crítica ante los derrames petroleros y la falta de atención médica en su comunidad, así como contra la tala ilegal que amenaza su territorio.

Estos casos ponen en evidencia la urgente necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos, como lo ha señalado la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien ha instado a tomar medidas inmediatas para garantizar su seguridad.


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