CASO LA CENTRALITA LUEGO DE OCHO AÑOS DE INVESTIGACIÓN

Luego de ocho años de investigación y proceso, el Poder Judicial emitió su resolución en el caso 'La Centralita', organización criminal que operó desde el Gobierno Regional de Áncash y que estuvo involucrada en actos de corrupción y asesinatos. 

Según la investigación fiscal, César Joaquín Álvarez Aguilar encabezó la organización criminal desde la Presidencia Regional de Áncash. Desde esa carga, controló las licitaciones de obras públicas a fin de entregarlas de manera irregular a empresas que, a cambio, pagaron sobornos.

Luego de ocho años de investigación y proceso, el Poder Judicial emitió su resolución en el caso 'La Centralita', organización criminal que operó desde el Gobierno Regional de Áncash y que estuvo involucrada en actos de corrupción y asesinatos.  

Un inmueble ubicado en la sexta cuadra de la calle Los Pinos, en la urbanización La Caleta, de Chimbote, se convirtió en el centro de operaciones de una organización criminal que se inquistó en el gobierno regional de Áncash, durante las gestiones de César Álvarez entre los años 2007 y 2014 . La denominación que por un tiempo tuvo la vivienda de cuatro pisos dio nombre uno de los más sonados casos de corrupción en el país: La Centralita. 

Según la investigación fiscal, César Joaquín Álvarez Aguilar encabezó la organización criminal desde la Presidencia Regional de Áncash. Desde esa carga, controló las licitaciones de obras públicas a fin de entregarlas de manera irregular a empresas que, a cambio, pagaron sobornos. 

Según declaró un testigo del caso, en 'La Centralita' los miembros de la organización criminal acordaron pagos a periodistas para resaltar las obras y gestión de César Álvarez a la vez que servían para contrarrestar con críticas a sus opositores. Además, entregaron sobornos a policías, fiscales y jueces a fin de obstruir o archivar cualquier investigación en contra de la autoridad regional. Las actividades de La Centralita fueron financiadas mediante los sobornos que los empresarios pagaron un cambio de la adjudicación de obras públicas en Áncash.

Además, los miembros de la organización planificaron el asesinato de opositores a la administración de Álvarez, como el exconsejero Ezequiel Nolasco Campos, quien había denunciado la existencia de una mafia en Áncash. Nolasco sufrió un primer atentado el 20 de julio de 2010, en el que falleció su hijo Roberto Torres Blas. Cuatro años después, Nolasco fue asesinado a tiros en una bodega de Huacho. Su hija Fiorella vinculó el crimen a la corrupción. 

"No voy a decir nombres, pero muchos de ustedes saben que esa gente que está aquí, esa gente corrupta que está acá, la ha querido siempre hacer daño a mi papá. Ha habido amenazas, no sólo para él, con nosotras, con sus hijas. Ya consiguieron lo que quisieron, pero no se va a quedar así", dijo Fiorella Nolasco tras el asesinato de su padre.

César Álvarez, quien fue conocido con el apelativo de 'La Bestia', sostuvo que las acusaciones en su contra no tenían sustento. En 2014, el Congreso conformó una comisión investigadora que presidió el entonces legislador Mesías Guevara. El grupo de trabajo estimó que la red de corrupción en Áncash se apropió de unos 329 millones de soles. 

"En Áncash se situó una red de impunidad y una red de corrupción que se habían hecho una alianza para favorecerse de los fondos públicos y igualmente muy lamentable decir que la red de impunidad hoy en el Perú se ha visto al haber que ha " Ha habido jueces y fiscales que han accionado con absoluta irresponsabilidad", dijo entonces Mesías Guevara.

En mayo de 2014, el Poder Judicial dispuso la detención de César Álvarez a pedido de la Fiscalía. El exgobernador cumple desde enero de 2021 una condena de 35 años como autor intelectual del asesinato de Ezequiel Nolasco. Previamente, en 2019, fue sentenciado a ocho años y tres meses de prisión por los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicar a esa compañía la construcción de una carretera.       

Además, los miembros de la organización planificaron el asesinato de opositores a la administración de Álvarez, como el exconsejero Ezequiel Nolasco Campos, quien había denunciado la existencia de una mafia en Áncash. Nolasco sufrió un primer atentado el 20 de julio de 2010, en el que falleció su hijo Roberto Torres Blas. Cuatro años después, Nolasco fue asesinado a tiros en una bodega de Huacho. Su hija Fiorella vinculó el crimen a la corrupción. 

El caso La Centralita tiene la condición de emblemática, debido a la cantidad de procesados, alrededor de 50, y los cargos que estos tuvieron. Desde el penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco, César Álvarez, insistió en sostener que no había pruebas en su contra.   

"El fiscal tiene 27 discos duros de 7 años de grabación de todo lo que era La Centralita. ¿Hay algún video de ataque opositores, chuponeos, atentados, direccionar obras, recibir coimas, videos de algo malo? No tienen nada", dijo en ese momento. 

Un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción señaló que La Centralita es un ejemplo de caso de corrupción con impacto a nivel subnacional, mientras que un estudio de la Contraloría importó que dicho caso evidencia una estructura compleja de corrupción a nivel regional.   

La investigación fiscal y el proceso judicial incluye a autoridades, policías, funcionarios, congresistas, empresarios y periodistas, lo que permite tener una idea de la extensión y capacidad de operación de la organización criminal.

EL ADELANTO DEL FALLO

La jueza Nayko Coronado Salazar, presidenta del Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado, leyó el adelanto del fallo en el caso «La Centralita» que se siguió al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Águilar por delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y asociación. . . ilícita, entre los años 2009 al 2014, tras más de 12 años de investigación y juicio público. 

El tribunal absolvió al excongresista y actual asesor del Tribunal Constitucional, Heriberto Benítez de los delitos de asociación ilícita, encubrimiento real e intimidación a los fiscales de Áncash para evitar el allanamiento del local conocido como «La Centralita» por insuficiencia probatoria.

Igualmente, por falta de pruebas resultaron absueltos: la ex esposa de César Álvarez, Milagros Asián Barahona, Juan Calderón Altamirano, Pamela Bermúdez Rodríguez, Julinho Aguirre Soto, Luis Arroyo Guevara, Carmina Cortez Roque, Carlos Crisólogo Saavedra, Víctor López Padilla, Danilo Meléndez Ponce, Modesto Mondragón Becerra, Arnulfo Moreno Corales, Manuel Páucar Obregón, Sandor Renilla Horna, Víctor Revilla Yengle y Luis Villaverde Robles. 

En tanto, fueron condenados César Álvarez Aguilar a 19 años y seis meses de prisión, José Luis Cavassa Roncalla, 7 años y 6 meses de prisión efectiva, Luis Arroyo Rojas, 5 años de prisión, Ángel Álvarez Aguilar, 7 años de prisión, Dirsse Valverde Varas, a 15 años de pena privativa de libertad y Martín Belaunde Lossio a cuatro años de prisión supendida, por diversos delitos de colusión, peculado, lavado de activos y asociación ilícita.  

Igualmente, a José Carmen Ramos se le condenó a 12 años, Víctor Joel Cerna Báez fue sentenciado a 9 años y 9 meses, el argentino Mario Javier Fatelevich Zagal, a 7 años y 9 meses de prisión, Juan Espinoza Linares, Juan Sánchez Oliva y Nelson Vásquez Baca, a 5 años de prisión, Abel Ramírez Huayaney, 5 años y 1 mes de prisión, Regina Soto Pajuelo, 4 años de prisión suspendida, Antonio Rodríguez Meyzen, a 3 años suspendida por reglas de conducta y Carmina Cortez Roque, 1 año y seis meses de prisión suspendida. El tribunal ordenó la resolución de la persona jurídica A&E Áncash Telecomunicaciones, al considerar que se constituyó exclusivamente para cometer delitos. Mientras tanto, se impuso una multa equivalente a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Ilios Producciones de Martín Belaunde y una multa de 100 UIT a la Constructora Nolberto Odebrecht.   

La fiscalía acusaba a César Álvarez de dirigir e integrar una organización criminal que utilizó la infraestructura física y económica el gobierno regional de Áncash para cometer diversos delitos, que se planificaban en un local de Chimbote conocido como «La Centralita».