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Promotor de eventos folclóricos víctima de extorsión: Delincuentes exigen S/30,000 y amenazan la integridad de artistas

El promotor de eventos folclóricos, Jhon Leyva, enfrenta una serie de extorsiones que amenazan su estabilidad financiera y la seguridad de los artistas que representa. Desde noviembre del año pasado, delincuentes exigen la suma de S/30,000 a cambio de no sabotear sus eventos ni atentar contra los cantantes involucrados. La víctima, cansada de la situación, decidió denunciar formalmente el caso ante la Dirincri en el Centro de Lima.

En una entrevista con Panamericana TV, Leyva compartió detalles sobre las exigencias de los extorsionadores, quienes emplean tácticas como compartir audios y videos una sola vez para evitar dejar rastros de sus acciones ilícitas. La mayoría de las amenazas se concentran en la ciudad de Trujillo, llevando a Leyva a sospechar de la participación de mafias locales que también afectaron a otros empresarios.

El promotor confesó haber cedido una vez al miedo y pagado S/2,500 por temor a la seguridad de su familia. Sin embargo, ha decidido no alimentar más el ciclo de extorsión y ha denunciado el caso a las autoridades.

La situación no es única para Leyva, ya que destacadas figuras del ambiente folclórico, como Amaranta, Sonia Morales y Dina Páucar, también han sido blanco de mensajes intimidatorios. Este patrón de amenazas sugiere una operación amplia y organizada contra personalidades del folclore.

Estado de emergencia en Pataz y Trujillo por 60 días

Como respuesta a la creciente delincuencia en las provincias de Pataz y Trujillo, ubicadas en la región La Libertad, se ha declarado un estado de emergencia por 60 días. La medida, establecida mediante decretos supremos 019-2024-PCM y 018-2024-PCM, restringirá eventos sociales y actividades de entretenimiento entre las 00:00 y las 4:00 horas.

Las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, tomarán el control para garantizar la seguridad interna. La decisión responde a la violencia generada por más de 20 organizaciones criminales involucradas en la extracción y comercialización ilegal de oro. Estos grupos han causado inseguridad mediante ataques con explosivos y sabotajes a infraestructuras, afectando la calidad de vida de los residentes locales. Durante el estado de emergencia, se suspenderán ciertos derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movilización y el derecho de reunión.


Fuente: Infobae


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