La Subcomisión de Acusaciones del Congreso de la República ha aprobado un informe que propone la inhabilitación del ex primer ministro Aníbal Torres por un periodo de 10 años. La acusación se basa en el presunto delito de conspiración para una rebelión, presentada por el congresista Jorge Montoya. Con 13 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, Torres es señalado por incitar a la ciudadanía a protestar en contra de los 'golpistas' y del Parlamento.
La denuncia presentada por Montoya sostiene que Torres infringió los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. El ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) habría expresado: "Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico".
Adicionalmente, el Ministerio Público ha solicitado 15 años de prisión para Torres, acusándolo del delito de rebelión por su presunta participación en la planificación del cierre del Congreso y un intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo. Durante un allanamiento en marzo de 2023, la Fiscalía encontró notas en el hogar de Torres que hacían referencia al cierre del Parlamento y a una "reorganización de la Fiscalía suprema", señalando una posible conexión entre Torres, Castillo y la exministra Betssy Chávez.
Como parte de la investigación sobre el presunto golpe de Estado, el Poder Judicial ha impuesto a Torres medidas de comparecencia con restricciones y el pago de S/20.000, con condiciones que incluyen la prohibición de salir de Lima Metropolitana sin permiso judicial y la restricción de comunicarse con otros involucrados en la investigación.
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