En una movida que ha dejado boquiabiertos a muchos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado que Perú ha incurrido en un flagrante desacato al liberar al controvertido expresidente Alberto Fujimori. La decisión de la Corte supranacional es clara y contundente, denunciando que el Estado peruano violó las resoluciones previas y las medidas urgentes dictadas por el organismo internacional.
El desacato se fundamenta en la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que restituyó los efectos de un indulto fraudulento a Fujimori, a pesar de las claras instrucciones de la Corte IDH de abstenerse de implementarlo. Este acto, según la Corte, no cumplió con los estándares internacionales requeridos para el control jurisdiccional del indulto otorgado "por razones humanitarias".
La Corte IDH no se queda atrás y decide tomar medidas drásticas: ordena una "supervisión reforzada" al caso del indulto a Fujimori, incluyendo el desacato en su informe anual para que la Asamblea General de la OEA tome acciones. Además, exige al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte presentar un informe detallado sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Las reacciones no se hicieron esperar. Boluarte defendió la liberación de Fujimori, alegando respeto a la autonomía del Tribunal Constitucional y rechazando la idea de que Perú se retire de la Convención Americana. Por otro lado, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, cometió un error al afirmar que la Corte IDH no puede emitir resoluciones sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, desconociendo su capacidad para supervisar el cumplimiento de sus sentencias.
El escándalo internacional está servido, y la pregunta que queda en el aire es: ¿Qué consecuencias traerá esta declaración de desacato para Perú y su actual administración? ¡La trama se complica, y el mundo observa con atención!
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