A pesar de las reiteradas advertencias sobre la necesidad de implementar medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño (FEN), los distritos de Ricardo Palma, Santa Eulalia, Chaclacayo, Lurigancho – Chosica y Cieneguilla, en la región Este de Lima, continúan sin contar con las barreras dinámicas y diques necesarios para mitigar los posibles impactos de desastres naturales.
La falta de estas estructuras es motivo de preocupación, ya que la presencia del FEN puede desencadenar fenómenos meteorológicos extremos, como intensas lluvias, inundaciones y huaicos. A pesar de las transferencias económicas realizadas a los tres niveles de gobierno de la jurisdicción de Lima para impulsar acciones de prevención y reducción de riesgos, la situación persiste.
El representante de la Defensoría del Pueblo, Manlio Álvarez, enfatizó la responsabilidad de los gobiernos locales y nacionales en la protección de la población ante riesgos altos y muy altos. También señaló que, a pesar de los escenarios de riesgo identificados por instituciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenepred), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), las medidas adecuadas no se han implementado.
Además de la falta de barreras de prevención, también se encuentran pendientes acciones de limpieza y descolmatación en los mencionados distritos. El Ministerio de Vivienda, Programa Nuestras Ciudades y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios son instancias que aún deben llevar a cabo estas medidas. La Municipalidad Metropolitana de Lima también está llamada a retirar los diques fracturados por el fenómeno "Yaku" en la zona de la quebrada Cusipata – Chaclacayo.
La Defensoría del Pueblo, en concordancia con la Constitución Política del Perú, destaca la importancia de defender la soberanía nacional y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Además, enfatiza el deber del Estado de proteger a la población de amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general, basado en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Ante la falta de acciones concretas, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando la gestión de fondos públicos y abogando por intervenciones eficientes para reducir riesgos, mitigar impactos y prepararse adecuadamente ante las posibles consecuencias de las próximas lluvias intensas, inundaciones y huaicos. La protección de los derechos fundamentales de la población sigue siendo una prioridad en esta situación crítica.
Fuente: Defensoría del Pueblo
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