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DINA BOLUARTE EXIGE AL ESTADO EL PAGO DE 428,000 SOLES POR BENEFICIOS LABORALES NO SINDICALES EN EL RENIEC

La actual presidenta de la República, Dina Boluarte, está en el centro de la controversia tras exigir al Estado peruano el pago de 428,000 soles por concepto de beneficios laborales, a pesar de no haber sido sindicalista durante su tiempo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Boluarte, quien trabajó en el Reniec desde 2007 hasta 2022, ocupando la posición de jefa encargada de la Oficina Registral Surco - Higuereta, interrumpió su relación laboral con la entidad debido a críticas por su participación simultánea como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta en el gobierno de Pedro Castillo.

Una investigación reciente de 'Panorama' revela que Boluarte ha iniciado acciones legales contra el Reniec en busca de un reembolso significativo, incluyendo pagos por canastas navideñas, transporte, refrigerios y aguinaldos, a pesar de no tener afiliación sindical y haber ocupado un cargo de confianza.

El proceso legal se inició antes de que Boluarte asumiera la vicepresidencia. En una audiencia de conciliación el 25 de noviembre de 2021, la mandataria optó por no llegar a un acuerdo con el Estado y procedió con la demanda por el monto reclamado, incluso incluyendo gastos de taxis para trasladarse al trabajo.

El 30 de diciembre de 2021, se emitió una resolución a favor de Boluarte, ordenando al Reniec el pago de 290,000 soles por vacaciones no disfrutadas e indemnización vacacional, junto con una compensación adicional de 60,000 soles por tiempo de servicios (CTS). Insatisfecha con estos montos, Boluarte presentó una nueva demanda al Poder Judicial para obtener una cantidad mayor.

Cuatro meses después, a pesar de la apelación del Reniec, se emitió una segunda resolución a favor de la exvicepresidenta, ordenando el pago de 239,000 soles y otorgándole el derecho de cobrar los demás conceptos reclamados en 2025. El Reniec persiste en apelar los beneficios sindicales, una responsabilidad que Boluarte nunca ejerció durante su tiempo en la entidad. La situación genera interrogantes sobre la ética y legalidad de la demanda, especialmente dada la posición actual de Boluarte como la máxima autoridad del país.


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