Un informe del EFEN (Estudio Nacional del Fenómeno El Niño) proyecta que las consecuencias del fenómeno climático El Niño se extenderán hasta el otoño de 2024, afectando de manera crucial a las regiones costeras y del norte de la sierra en Perú, donde se encuentran las principales áreas de producción de arándanos. La industria se enfrenta a retos significativos debido a intensas lluvias y fenómenos climáticos extremos.
El cambio climático se ha convertido en una amenaza directa para la industria del arándano peruano, con efectos devastadores en los cultivos y una disminución en los rendimientos. Intensas lluvias, granizos y altas temperaturas han impactado negativamente la producción, ralentizando procesos y generando carencias en los mercados, afectando la demanda de los consumidores.
Las regiones más vulnerables ante esta amenaza incluyen Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash, Lambayeque, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Amazonas, Ica y Loreto. Estas áreas, que concentran el 95% de los cultivos de arándanos y la totalidad de la producción para exportación, se enfrentan a inundaciones y deslizamientos, lo que ha llevado a una activación de alarmas entre las autoridades locales.
Según el informe, se anticipa que las condiciones cálidas persistirán entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, desencadenando intensas lluvias en la costa norte, costa centro y sierra norte. Este pronóstico ha generado preocupaciones adicionales sobre inundaciones y deslizamientos en las regiones productoras de arándanos.
La ministra de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Jennifer Contreras, ha manifestado el compromiso del gobierno para finalizar trabajos de prevención antes del inicio de las lluvias. Actualmente, se están llevando a cabo intervenciones en 316 puntos críticos desde Tumbes hasta Ica, incluyendo descolmatación y limpieza de ríos y drenes a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con el objetivo de proteger la vida de la población, sus activos y sus cultivos. La situación demanda una respuesta coordinada y urgente para mitigar los impactos en la industria frutícola y salvaguardar la seguridad y la producción agrícola del país.
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